Los obispos católicos de República Dominicana han manifestado su preocupación ante lo que consideran un uso inadecuado de los centros de salud públicos como espacios de control migratorio. En una reciente declaración pública, exhortaron a las autoridades a garantizar el acceso universal y sin restricciones a los servicios de salud, independientemente del estatus migratorio de quienes los requieran.
El pronunciamiento surge en medio de crecientes denuncias sobre operativos de verificación migratoria realizados en hospitales del país, donde agentes de la Dirección General de Migración habrían interrogado o detenido a personas extranjeras en situación irregular, particularmente de nacionalidad haitiana. Según los obispos, esta práctica contradice los principios fundamentales de humanidad y atención digna, y podría disuadir a personas en condiciones vulnerables de acudir a centros médicos por temor a ser deportadas.
Los obispos alertaron sobre el peligro de transformar el sistema de salud en un instrumento para controlar la migración, ya que su propósito principal es brindar atención a los necesitados, protegiendo la vida y el bienestar de la población. “No se debe permitir que los hospitales se conviertan en lugares para arrestar o deportar a personas que a menudo llegan en situaciones de gran desesperación”, afirmaron en su declaración.
En este contexto, insistieron en que toda política pública debe priorizar el respeto por los derechos humanos, especialmente cuando se trata de la salud, considerada un derecho básico e inalienable. Recordaron además que la Iglesia Católica, a través de su acción pastoral y social, ha acompañado históricamente a poblaciones migrantes, promoviendo una cultura de acogida y solidaridad.
La petición de los obispos surge en un contexto complejo de las relaciones entre República Dominicana y Haití, exacerbado por la continua crisis política y humanitaria en el país vecino. Esta realidad ha provocado un incremento en la migración hacia el territorio dominicano, lo cual ha motivado diversas reacciones por parte del Estado, entre ellas, medidas para fortalecer la frontera y políticas de deportación más severas.
Ante esta situación, los dirigentes de la iglesia destacaron que es responsabilidad del Estado salvaguardar sus límites territoriales y organizar sus estrategias migratorias, sin comprometer los derechos esenciales de las personas. Afirmaron: «Nadie debe ser privado de su dignidad ni sufrir discriminación por su origen, estatus legal o lengua». Además, añadieron que «la seguridad genuina se edifica al respetar la vida y garantizar condiciones mínimas de humanidad».
Además, hicieron un llamado a las autoridades para revisar y garantizar que los protocolos de actuación en hospitales y centros de salud no comprometan la atención médica ni generen temor entre la población migrante. Solicitaron al mismo tiempo a los profesionales de la salud que mantengan su compromiso ético y humanitario, priorizando siempre la atención integral de los pacientes por encima de cualquier otra consideración.
La declaración episcopal también incluyó una invitación a la sociedad dominicana a no dejarse llevar por discursos de odio o xenofobia, que —según expresaron— sólo contribuyen a la polarización social y al deterioro del tejido comunitario. Enfatizaron que el respeto mutuo, la compasión y el sentido de justicia deben prevalecer en toda convivencia social, especialmente en momentos de dificultad y tensión.
Finalmente, los obispos confirmaron su compromiso de cooperar en la creación de políticas inclusivas que refuercen la cohesión social y favorezcan el desarrollo completo, dentro de un contexto de justicia, solidaridad y responsabilidad colectiva. Subrayaron que la migración no debe ser considerada como un peligro, sino como un fenómeno humano que requiere respuestas integrales, equilibradas y basadas en el respeto a la dignidad de cada individuo.
