Un estudio reciente sobre la administración de riesgos en proyectos de infraestructura ha revelado una significativa debilidad en los activos del Estado: más del 90 % de las obras públicas carecen de una póliza de seguro que las salvaguarde frente a situaciones como desastres naturales, accidentes o incidentes. Esta falta no solo implica un riesgo financiero alto para el Estado, sino también un peligro para la continuidad de servicios indispensables como transporte, salud, educación o energía.
La información, revelada por autoridades del sector financiero, apunta a una histórica omisión en la política pública de protección patrimonial. Según datos consolidados por entidades gubernamentales, apenas una mínima parte de las construcciones y equipamientos financiados con fondos públicos están actualmente cubiertos por seguros que respondan ante daños o pérdidas totales.
Proyectos millonarios sin respaldo
En el listado de infraestructura del estado se encuentran colegios, centros médicos, vías, viaductos, inmuebles administrativos y centrales eléctricas, numerosas de ellas han sido edificadas con fondos públicos que suman cantidades millonarias. Sin embargo, a pesar del elevado valor de estos bienes, la mayoría funcionan sin soporte financiero ante emergencias.
Expertos en economía pública advierten que esta circunstancia pone en peligro al país de manera innecesaria y podría afectar su habilidad para enfrentar desastres naturales, tales como huracanes, sismos o inundaciones, eventos que son cada vez más comunes debido al cambio climático. Sin una póliza, la responsabilidad de reemplazar infraestructuras dañadas o devastadas recaería íntegramente en las arcas del gobierno, lo cual podría ocasionar crisis financieras, demoras en proyectos y perjuicios para la ciudadanía.
Deficiencia en la cultura aseguradora dentro de las instituciones
Entre los factores reconocidos para entender esta situación se encuentra la falta de una cultura de seguro en las entidades gubernamentales. En numerosas ocasiones, los empleados encargados de gestionar proyectos no contemplan en sus planes financieros el gasto en seguros o no reconocen su importancia. Además, se añade la carencia de regulaciones que exijan incluir sistemas de aseguramiento como parte indispensable en el desarrollo o contratación de proyectos públicos.
Aunque en otros países cercanos es habitual que las iniciativas de infraestructura cuenten con seguros desde la fase de construcción hasta su funcionamiento, en esta situación, la seguridad de los bienes públicos se ha tratado de manera reactiva y dispersa, sin una planificación firme que contemple los costos del riesgo a lo largo del tiempo.
Ideas para una resolución estructural
Ante esta situación, organizaciones dentro de la industria de seguros han solicitado al gobierno el establecimiento de regulaciones que aseguren el aseguramiento obligatorio de las infraestructuras públicas. También sugieren la creación de un fondo nacional de seguros o la implementación de sistemas de cobertura paramétrica que faciliten una indemnización expedita en situaciones de desastre.
Asimismo, se ha sugerido la inclusión de cláusulas de seguro en todos los contratos de obra pública como condición indispensable para su aprobación. Esto implicaría una revisión profunda de los manuales de contratación pública, así como capacitaciones a los responsables de los procesos de licitación y ejecución de proyectos.
Posible efecto en la economía y la capacidad de recuperación del país
Los riesgos derivados de la falta de aseguramiento van más allá del daño físico a las construcciones. La interrupción de servicios básicos por pérdida de infraestructura tiene efectos sociales y económicos considerables, afectando la productividad, el bienestar y la confianza en las instituciones. Además, sin un plan de contingencia respaldado por seguros, la recuperación posterior a un desastre puede ser lenta, costosa y desigual.
Asegurar la infraestructura pública no solo implica proteger activos materiales, sino garantizar la continuidad de derechos fundamentales. En contextos de creciente vulnerabilidad climática, los seguros se presentan como una herramienta clave para la resiliencia estatal, permitiendo actuar con mayor rapidez y eficiencia ante emergencias.
En este sentido, diversos actores coinciden en que avanzar hacia una política de aseguramiento integral del patrimonio público debe convertirse en una prioridad nacional. El costo de no hacerlo podría resultar mucho más elevado que el de una cobertura adecuada y oportuna.
