El gobierno de la República Dominicana ha anunciado su intención de reactivar el Pacto Eléctrico, un acuerdo nacional que busca modernizar el sistema energético del país, mejorar la eficiencia en la distribución y generación de energía, y revisar el actual esquema tarifario. La medida fue confirmada por autoridades del sector energético, quienes consideran urgente retomar el diálogo entre los distintos sectores económicos y sociales para garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico.
El titular de la cartera de Energía y Minas, Joel Santos, anunció que el Consejo Económico y Social (CES) será llamado en los próximos días con el fin de evaluar la situación actual del acuerdo y los compromisos aún por cumplir. Según detalló, reactivar el convenio permitirá definir una dirección más precisa para abordar los retos que continúan en el sistema eléctrico del país, como las altas pérdidas en la distribución y la necesidad de revisar los mecanismos de subsidios.
Uno de los aspectos más delicados del debate es el análisis de las tarifas de electricidad. En 2022, el gobierno optó por detener los incrementos automáticos indicados en el Pacto Eléctrico, como medida ante el impacto económico que esto significaba para la población en un entorno de inflación y presión sobre la capacidad adquisitiva. No obstante, las autoridades admiten actualmente que mantener la tarifa inalterada ha ocasionado un desajuste financiero que restringe la capacidad del Estado para continuar con el subsidio sin perjudicar otros sectores del presupuesto.
Según estimaciones oficiales, el Estado ha destinado más de 35 mil millones de pesos en subsidios eléctricos en lo que va del año, lo que representa una carga considerable para las finanzas públicas. Esta situación ha sido agravada por las pérdidas técnicas y no técnicas en las empresas distribuidoras, que continúan superando el 40 %. Reducir estas pérdidas es uno de los principales objetivos de la reactivación del pacto.
El nuevo impulso al acuerdo también contempla otros aspectos relevantes, como la mejora en la facturación, la promoción de energías renovables, la modernización de la Ley General de Electricidad, y la implementación de sistemas más robustos de supervisión y regulación. Además, se espera que en esta nueva etapa del diálogo participen más actores sociales, incluyendo organizaciones de consumidores, representantes laborales y expertos técnicos.
La estrategia del gobierno busca que el ajuste tarifario, cuando se retome, sea gradual y vinculado al avance de reformas estructurales. Se prevé la definición de indicadores que permitan evaluar objetivamente cuándo y cómo se debe aplicar cualquier modificación en los precios al consumidor, evitando impactos desproporcionados en los sectores más vulnerables.
Al mismo tiempo, las instancias gubernamentales laboran en diversificar la matriz de energía, promoviendo la inversión en energías renovables como la solar y la eólica, y en proyectos de almacenamiento de energía para una administración más eficaz de la oferta. Además, se planea la inclusión de nuevas tecnologías para reforzar la ciberseguridad del sistema eléctrico y aumentar la confiabilidad del servicio.
El proceso de reactivación del pacto incluirá la presentación de un informe técnico sobre los avances logrados desde su firma, así como mesas de trabajo temáticas para actualizar los compromisos según las necesidades actuales del país. La meta del Ejecutivo es que el nuevo ciclo de ejecución cuente con mecanismos de monitoreo más rigurosos y participación activa de todos los sectores.
Con esta nueva implementación, el gobierno busca avanzar hacia una red eléctrica más avanzada, equitativa y sustentable, capaz de satisfacer las necesidades de un país en desarrollo sin comprometer la economía familiar ni la competitividad del sector productivo. La propuesta es audaz, pero considerada esencial por muchos: sin una transformación completa, el sistema eléctrico dominicano continuaría funcionando con grandes restricciones y un costo elevado para el Estado y los consumidores.
